Charla con colegas de Córdoba

Charla con colegas de Salta

Afganistán ¿Un nuevo Vietnam para Estados Unidos?

Compartí una charla con este título con Guadi Calvo y Martín Martinelli, organizada por la gente de Nueva Opción, de la Universidad de Luján.

Decreto 476/21 ¿un paso en falso?

El presidente Fernández anunció de manera relativamente sorpresiva el Decreto 476/21 por el cual, a pedido de la persona, el DNI consignará una X en el campo "sexo". Resultó llamativo que en el acto en el que se anunció la medida, y en el que se entregaban los primeros tres DNI con esa designación, una de las personas receptoras del presunto nuevo derecho, se abrió la camisa mostrando una remera debajo con la leyenda "No somos una X", al tiempo que verbalizaba su posición. Raro. Doblemente raro; que el acto sea en sí mismo un contra-acto, que la persona "beneficiaria" se queje. Pero esto es sólo la superficie de la cuestión.

En principio cuesta ver cuál es el derecho a subjetivar una registración estatal. La consignación del sexo es una nomenclatura binaria que identifica el fenotipo de la estructura cromosómica de una persona. Si es XX, es mujer; si es XY es varón (hay casos excepcionales, bien de indefinición, o bien de alteraciones que dieron cuerpo femenino a una estructura de cromosomas XY). En Argentina, desconozco el derrotero que llevó a eso, en el campo sexo se consignó el género, y en lugar de poner Hombre/Varón/Macho o Mujer/Hembra, se optó por el Masculino o Femenino. Claramente no hay sexo masculino ni femenino. Un equívoco. Hay países en los que el campo es "género", pero se consigna el sexo. Esta inscripción es inopinada, y se realiza en la registración inicial del individuo, a poco de nacer. Con este decreto, la persona tiene derecho a cambiarla en algún momento posterior.

Sobre la protesta "no soy una X" aparecieron memes en redes sociales, uno de los cuales decía "no soy un número" cuestionando la capacidad estatal de numerar a las personas a través del DNI. (Otros, más mordaces, recordaban que esta modificación de la registración se realizaba sin hacer efectivo el derecho de todas las personas a la tenencia de un DNI, lo que quedó muy en evidencia con la pandemia, y no se ha subsanado totalmente). Significativamente lo que está en cuestión es cómo me registra el Estado, y no qué registra, que se ha naturalizado, y es, por lo tanto, incuestionado.

Argentina es uno de los pocos países del mundo en el que todas las personas tenemos registradas las huellas dactilares, sin que nos indignemos por eso que, en general, es considerado una intromisión inadmisible del Estado en la privacidad. En muchos países las huellas dactilares son registradas sólo cuando una persona tiene condena firme; es decir que es un procedimiento que se reserva a los criminales. Vale recordar que Giorgio Agamben se negó, en 2004, a que le tomaran las huellas digitales para entrar en Estados Unidos, donde debía dar un curso en la Universidad de Nueva York, del que desistió, por considerar tal requerimiento como un "tatuaje bio-político". Aquí somos todos sospechosos. Sospechosamente, esto no sólo no es cuestionado, sino que tampoco hubo alarmas cuando en 2011 se creó el SIBIOS (Sistema Federal de Identificación Biométrica para la Seguridad), en el que se unificó información hasta entonces dispersa, y por el que se generalizaron los registros biométricos (por ejemplo, la foto en Migraciones, al entrar o salir del país, en la AFIP, para obtener la clave fiscal, entre otros).

Estos avances sobre la privacidad se han realizado sin concitar la menor resistencia. Pero ahora se inaugura un plano superior: la intromisión se hace a pedido del registrado, exponiendo pública y estatalmente algo que es puramente subjetivo. Y esto es lo realmente novedoso: hasta ahora sólo se consignaban aspectos objetivos para la individuación, corriendo la frontera de lo público sobre lo privado (con los peligros que esto conlleva en el marco del creciente totalitarismo del capital, y del que hemos tenido una experiencia con el presunto uso de las bases de la ANSES para lavar dinero de la campaña electoral del oficialismo en 2017, caso popularmente conocido como "aportantes truchos"). Con esta medida, en cambio, se abre un registro estatal sobre preferencias y sentires, que son perfectamente válidos sin necesidad de que el Estado dé cuenta de ellos. Es una marca indeleble que abre un horizonte insospechado sobre aspectos hasta ahora reservados a la esfera de lo privado. Extremando las posibilidades, ¿habrá oportunidad en un futuro para un registro estatal de la ideología?

Es llamativo que esto sea presentado como un derecho, como si un derecho sólo existiera por autorización estatal. ¿Acaso es necesario el reconocimiento estatal para legitimar una forma de sentir? Aunque la tentación a la explicación psicoanalítica de la validación por la autoridad es fuerte, pareciera inadecuada en un comportamiento colectivo, y mucho más en cuanto a las implicancias de la medida. La autorización de la disidencia, anula no sólo la presunta radicalidad, sino la misma localización de disidencia, que pasa a integrar el espectro de lo tutelado. 

Tras una fachada de más tolerancia, hay más intromisión, mayores posibilidades de control. Quizás una sensibilidad vibró en la persona que se quejó expresando "no somos una X", pero no por la letra, sino porque advertía que entraba en una nueva clasificación, y que la supuesta victoria era pírrica. Algo paradojal que se sabe bien en el ámbito de la guerra: muchas veces, ganar es perder. 

 

El relámpago Maia

Durante casi 72 horas, en una suerte de reality show, gran parte de los argentinos fuimos convocados por los medios de difusión a seguir en vivo la búsqueda de una nena presuntamente secuestrada por un cartonero. Vimos las movilizaciones de vecinos solidarios, cortando la autopista Dellepiane, ministros, policías y personal judicial desplegando las fuerzas estatales para capturar al esquivo cartonero, con probable retraso madurativo, armado de una bicicleta y usando transporte público. El periodismo carroñero, en su salsa, lanzaba diferentes hipótesis: trata de personas, violación, asesinato y otras tragedias. No faltó enjuiciamiento a la madre, por ser adicta. Entre tanta especulación, y ante la falta de novedades, en alguna pantalla se mostró el lugar en que vivían Maia y su mamá: una especie de carpa atada al tronco de un árbol. Fue como un relámpago en una noche oscura: iluminó plenamente, pero sólo duró un instante. Si bien se habló, ineludiblemente, de inequidad, de pobreza extrema, la falta de teoría era muy notoria. Nadie puede responsabilizar al periodismo por carecer de teoría social; tampoco abunda entre quienes se dedican profesionalmente a las ciencias sociales. Eso hace necesario que veamos las dos caras del asunto.

 

Lado A

Una nena de siete años fue raptada por un cartonero. La madre hace la denuncia, pero le cuesta ser escuchada por las autoridades. Cuando se hace efectiva, se han perdido valiosas horas. Al día siguiente, y bajo la presión de la movilización de vecinos, que cortan un acceso a Capital, más la presencia de los medios, aparecen imágenes del secuestrador y la nena, andando tranquilamente por la ciudad, tomando un tren, pidiendo en comercios. Todos se preguntan por la eficacia policial, esperando que lo capturen al segundo. Incluso se increpa a las autoridades por la ineficacia en la cacería. Urge la punición ejemplar para con el presunto abusador, del que hay diversas historias de antecedentes que validarían esa especulación. Finalmente, hoy a la mañana dan con el sujeto, y Maia, sin aparentes lesiones, es rescatada. Gran alivio general, orgullo de funcionarios que explican su eficacia en la cacería, el “degenerado” preso. Y, como frutilla del postre, cuando se le preguntó a la nena qué quería, pidió una hamburguesa (un verdadero manjar para ella, seguramente) y de inmediato aparecieron tres personas con cinco enormes bolsas de McDelivery y un mensaje manuscrito: “Para Maia”. El reality show se convertía, en su final, en un show bussines. Tras ello, encendidos (y, en gran parte, sinceros) pedidos de tomar conciencia sobre la situación de pobreza extrema. Pase de facturas entre políticos. Y todo se retroalimentará en los canales usuales. (Como una suerte de ironía, en los medios de difusión se la comenzó a llamar “menor M”, ya que dar su nombre sería vulnerar sus derechos…)

 

Lado B

Un sujeto invisible, indocumentado, con tres registros en la provincia de Buenos Aires, invisible aun físicamente, porque puede moverse a la luz del día que nadie lo ve, se lleva a una nena igualmente invisible, no visible para la escuela, a la que no asistió nunca, no visible para los transeúntes que seguramente la cruzaban cuando acompañaba a su madre (tan invisible como ellos) a cartonear. Todos invisibles para todos, menos para otros invisibles: sus vecinos, los que organizaban el comedor comunitario, esos despreciables “planeros”. Como diría Galeano, los “nadies”.

Por lo que se sabe, la madre sería adicta a las drogas. Sería lo más razonable. No se me ocurre otra forma de soportar esa vida, si no es bajo el efecto de narcóticos. La drogadicción, en estos sectores, no es un problema; es la única solución para afrontar lo que no tiene solución para ellos, que es la miseria extrema. Por su parte, el “malhechor” sería alguien con retraso madurativo, lo que antes se llamaba retraso mental. Si así fuera, también encuadraría con su condición de haberse (según declaró una tía suya) criado como pudo, durmiendo en alcantarillas y viviendo en la calle desde niño, ya que su madre no podía hacerse cargo de los once hijos. ¿Se le puede exigir racionalidad y respeto normativo a quien se socializó en las cloacas? ¿Se le puede exigir una ética basada en valores “universales” a quien ha construido valores en una pelea cotidiana con el hambre (no metafórico), en la cual habitualmente perdía?

Una hipótesis razonable que alguien dijo en un medio, es que podría tratarse simplemente de algo que el sujeto nunca valoró como transgresión de ningún tipo: se llevó a la nena con permiso de la madre, y el tiempo con la nena no sería una variable pertinente; la tendría con él de manera indeterminada, pero no para “quedársela”, sino hasta que, por efecto de su trashumancia, se cruzase nuevamente con la madre de la misma.

Pero nada de esto será, siquiera, examinado. Con el tipo preso está resuelto el problema. Y a la nena, además de las hamburguesas de McDonalds, posiblemente se le consiga alguna solución puntual para ella y su madre. Con el tiempo los debates sobre la pobreza pierden fuerza, otra noticia desplaza el foco de atención, y todo vuelve a la normalidad.

 

En síntesis

Pero no se ha tocado el verdadero problema. ¿Podemos escandalizarnos por la pobreza, sin escandalizarnos por la riqueza, que es la otra cara de la moneda? Discutimos sobre la eficacia de las agencias gubernamentales, de las políticas, sin advertir que nada puede tener eficacia cuando está montado sobre un eje falso. Si no se cuestiona la estructura, de nada vale cuestionar los matices. Y no se puede discutir lo que no se nombra. Si tiene cuatro patas, mueve la cola y ladra, no es “un bicho”, es perro. Si hay pobreza creciente y riqueza creciente, no es “injusticia”, es capitalismo. Pero, como decía Bertolt Brecht, el capitalismo es un caballero al que no le gusta que lo llamen por su nombre.

Si naturalizamos el capitalismo, ningún cambio es posible. Nos han hecho creer que el capitalismo es la única forma de sociedad viable. Y a muchos sectores que cuestionan las desigualdades, le han concedido la rebeldía de usar la “e” para “incluir”… Es hora de ponerse a pensar seriamente en los cambios sociales imprescindibles.

El agotamiento de la figura de femicidio

 

Constantemente la prensa informa sobre nuevos casos de femicidios, y se alzan voces indignadas sobre la persistencia (y aun el aumento) del fenómeno. Ahora fue el caso de Úrsula Bahillo, una casi niña de 18 años, y luego serán otras. Cada uno de estos asesinatos duelen. ¿A nadie se le ocurrió pensar que han fracasado las políticas para impedirlos, comenzando por la propia figura del “femicidio”? “Femicidio”, o su sinónimo “feminicidio” es, según la Real Academia Española, el “asesinato de una mujer a manos de un hombre por machismo o misoginia”. ¿Acaso importa el motivo, si el hecho resulta evitable? En nuestro país, y en muchos otros, se ha adoptado un paradigma punitivo para intentar combatir este fenómeno, generando más problemas que soluciones, obturando formas de intervención que podrían ser más eficaces para minimizar el fenómeno. Es necesario analizar con algún detenimiento la cuestión para poder pensar formas alternativas.

En primer lugar, esta figura penal rompe un principio básico de igualdad ante la ley: implícitamente la vida de una mujer se considera más valiosa que la de un hombre, toda vez que es penado con mayor gravedad la muerte de una mujer a manos de su pareja o ex pareja, que a la inversa. 

En segundo lugar, la acción punitiva sólo es eficaz a posteriori del hecho. La reacción estatal no impide la conducta. La conducta de un potencial asesino no se rige racionalmente; ningún homicida hace cálculos racionales para desistir de su acción. La complementación con cursos informativos (ley “Micaela”) es de una ingenuidad conmovedora: descansa en el supuesto de que mediante un curso (o varios) se incide de manera decisiva en la idiosincrasia de una población. 

En tercer lugar, subyace a estas posturas la idea de que una mayor pena elimina o morigera un tipo de delito. Está harto demostrado en el mundo que no es así. En cuarto lugar, medidas “precautorias” como las restricciones perimetrales quedan, en la mayoría de los casos, libradas a que el potencial agresor las cumpla voluntariamente, ya que no hay capacidad estatal real de imponerlas. 

Todo esto revierte en nuevas muertes evitables, ya que éste es, quizás, el tipo de homicidio más previsible y, por lo tanto, más posible de impedir. Pero para eso es necesario abandonar el paradigma punitivo, que organiza una disposición muy conveniente para otras cuestiones que luego abordaremos, a saber: mujer-potencial víctima; hombre-potencial victimario. Ver a la mujer como un sujeto pasivo, blanco de agresión, refuerza su lugar de inacción. Se pierde de vista que se trata de una relación en la que dos sujetos interactúan y que, por lo tanto, se trata de un vínculo complejo, que no es unidireccional. Se ha estigmatizado la pregunta “¿qué hace la mujer?”, como si la misma implicara una legitimación de una agresión, cuando, en realidad, es reconocerle un lugar activo (que en la realidad lo tiene) para que pueda pensar sus propias acciones tendientes a modificar la situación. Pero la idea del hombre-monstruo, por muy tranquilizadora que sea para aliviar conciencias, no expresa bien la realidad. Esto no significa, entiéndase, que una persona merezca ser agredida por algo que haga o no haga, pero da elementos para entender la agresión y, por lo tanto, para actuar con mayor eficacia sobre una conducta violenta. 

No basta con hacer anuncios repetitivos de que denuncien las situaciones que puedan sufrir, es necesario dotarlas de más herramientas: un sostén económico, si es cabeza de familia; una vivienda que no sea un refugio invivible y transitorio; una asistencia psicológica. Una cosa es asistir a un sujeto activo, y otra proteger a una (potencial) víctima indefensa. La diferencia de enfoque es notoria. 

Por otra parte, un hombre que actúa violentamente muestra, a priori, una gran carga de frustración y una imposibilidad (o gran dificultad) para tramitar la misma. O bien puede padecer de algún trastorno psiquiátrico o ser un psicópata. Meterlo en la cárcel después de que ocasionó un daño irreparable no lo mejora. 

Si en vez de pensar en términos de “violencia de género” eliminamos la calificación y observamos un vínculo violento, vamos a ver dos (o más) sujetos enredados en una relación destructiva. Ante eso ¿nos interesa encontrar un culpable o desactivar el caudal destructivo de la relación? Si en vez de actuar de manera punitiva tomamos un enfoque proactivo, y en vez de ver culpables vemos actores enredados en un vínculo nefasto, quizás podamos imaginar otras formas de intervención. 

Para pensar nuevos abordajes debemos partir de un dato elemental: las personas tenemos dos componentes, uno singular y uno social. Entonces la persona singular tiene responsabilidad sobre su conducta, pero ésta está también influida por el medio social. Dicho en otras palabras, no podemos responsabilizar de manera total y absoluta a una persona sin hacernos cargo de que, como sociedad, influimos en la formación de esa persona. Traducido: el problema no es del otro, también es nuestro. 

En cuanto a la singularidad ¿por qué, ante una denuncia, en vez de dictar una medida judicial de no acercamiento, no se habilita a la intervención obligatoria de un equipo de salud mental? Una entrevista (o las que fueran necesarias) con la persona denunciante y la persona denunciada puede brindar pistas sobre la posibilidad de intervención terapéutica (en principio compulsiva) tendiente a una eventual modificación de las conductas. Pero, antes que nada, para evaluar la potencial peligrosidad de la relación y, por lo tanto, el grado de involucramiento estatal en la disolución de la misma. La acción es más eficaz cuanto mejor se discriminan las situaciones, no siempre se debe actuar igual. 

Pero la mirada punitiva tiene eficacia en otro nivel. Siempre ha sido una bandera de la derecha política. En nuestro país esta última ola punitiva comenzó con las campañas del falso ingeniero Juan Carlos Blumberg. En el particular caso que estamos enfocando, nos pone frente a una situación cuya base de distinción es biológica: hombres – potenciales agresores, y mujeres – potenciales víctimas. Los razonamientos en los que se apoya esta visión, ya pocas veces se centran en lo biológico (aunque hay referencias a la testosterona), pues quedaron desprestigiados desde mediados del siglo pasado, pero su reemplazo por lo cultural (el patriarcado) no cambia la ecuación que presenta una contradicción irreductible entre hombres y mujeres. La complementariedad se vuelve, en esta mirada, oposición. 

Ahora bien, si la diferencia sustancial es biológica, se diluyen o morigeran otros parámetros de análisis, particularmente el social. Entonces, el problema no es el capitalismo, sino el patriarcado; no es la lucha de clases, sino la lucha de sexos; no es la explotación del hombre por el hombre, sino el machismo. 

Los medios de difusión masiva nos recuerdan a diario el asesinato de mujeres (los femicidios), y su alarmante número. Pero, ¿quién sabe cuántos muertos se producen en el mismo período por condiciones laborales (enfermedades profesionales y accidentes de trabajo)? Pocas personas saben que mueren más personas por condiciones laborales que por femicidios. Centrar la atención en estos ¿no nos hace desatender los otros, al punto de ni saber cuántos son? 

En ambos casos se trata de muertes potencialmente evitables (no todas, lamentablemente, pero sí muchas de ellas). La mirada punitiva ayuda a que se sigan produciendo unas y a que sigan inobservadas las otras. ¿No ha llegado el momento de replantear las cuestiones?