El presidente Fernández anunció de manera relativamente sorpresiva el Decreto 476/21 por el cual, a pedido de la persona, el DNI consignará una X en el campo "sexo". Resultó llamativo que en el acto en el que se anunció la medida, y en el que se entregaban los primeros tres DNI con esa designación, una de las personas receptoras del presunto nuevo derecho, se abrió la camisa mostrando una remera debajo con la leyenda "No somos una X", al tiempo que verbalizaba su posición. Raro. Doblemente raro; que el acto sea en sí mismo un contra-acto, que la persona "beneficiaria" se queje. Pero esto es sólo la superficie de la cuestión.
En principio cuesta ver cuál es el derecho a subjetivar una registración estatal. La consignación del sexo es una nomenclatura binaria que identifica el fenotipo de la estructura cromosómica de una persona. Si es XX, es mujer; si es XY es varón (hay casos excepcionales, bien de indefinición, o bien de alteraciones que dieron cuerpo femenino a una estructura de cromosomas XY). En Argentina, desconozco el derrotero que llevó a eso, en el campo sexo se consignó el género, y en lugar de poner Hombre/Varón/Macho o Mujer/Hembra, se optó por el Masculino o Femenino. Claramente no hay sexo masculino ni femenino. Un equívoco. Hay países en los que el campo es "género", pero se consigna el sexo. Esta inscripción es inopinada, y se realiza en la registración inicial del individuo, a poco de nacer. Con este decreto, la persona tiene derecho a cambiarla en algún momento posterior.
Sobre la protesta "no soy una X" aparecieron memes en redes sociales, uno de los cuales decía "no soy un número" cuestionando la capacidad estatal de numerar a las personas a través del DNI. (Otros, más mordaces, recordaban que esta modificación de la registración se realizaba sin hacer efectivo el derecho de todas las personas a la tenencia de un DNI, lo que quedó muy en evidencia con la pandemia, y no se ha subsanado totalmente). Significativamente lo que está en cuestión es cómo me registra el Estado, y no qué registra, que se ha naturalizado, y es, por lo tanto, incuestionado.
Argentina es uno de los pocos países del mundo en el que todas las personas tenemos registradas las huellas dactilares, sin que nos indignemos por eso que, en general, es considerado una intromisión inadmisible del Estado en la privacidad. En muchos países las huellas dactilares son registradas sólo cuando una persona tiene condena firme; es decir que es un procedimiento que se reserva a los criminales. Vale recordar que Giorgio Agamben se negó, en 2004, a que le tomaran las huellas digitales para entrar en Estados Unidos, donde debía dar un curso en la Universidad de Nueva York, del que desistió, por considerar tal requerimiento como un "tatuaje bio-político". Aquí somos todos sospechosos. Sospechosamente, esto no sólo no es cuestionado, sino que tampoco hubo alarmas cuando en 2011 se creó el SIBIOS (Sistema Federal de Identificación Biométrica para la Seguridad), en el que se unificó información hasta entonces dispersa, y por el que se generalizaron los registros biométricos (por ejemplo, la foto en Migraciones, al entrar o salir del país, en la AFIP, para obtener la clave fiscal, entre otros).
Estos avances sobre la privacidad se han realizado sin concitar la menor resistencia. Pero ahora se inaugura un plano superior: la intromisión se hace a pedido del registrado, exponiendo pública y estatalmente algo que es puramente subjetivo. Y esto es lo realmente novedoso: hasta ahora sólo se consignaban aspectos objetivos para la individuación, corriendo la frontera de lo público sobre lo privado (con los peligros que esto conlleva en el marco del creciente totalitarismo del capital, y del que hemos tenido una experiencia con el presunto uso de las bases de la ANSES para lavar dinero de la campaña electoral del oficialismo en 2017, caso popularmente conocido como "aportantes truchos"). Con esta medida, en cambio, se abre un registro estatal sobre preferencias y sentires, que son perfectamente válidos sin necesidad de que el Estado dé cuenta de ellos. Es una marca indeleble que abre un horizonte insospechado sobre aspectos hasta ahora reservados a la esfera de lo privado. Extremando las posibilidades, ¿habrá oportunidad en un futuro para un registro estatal de la ideología?
Es llamativo que esto sea presentado como un derecho, como si un derecho sólo existiera por autorización estatal. ¿Acaso es necesario el reconocimiento estatal para legitimar una forma de sentir? Aunque la tentación a la explicación psicoanalítica de la validación por la autoridad es fuerte, pareciera inadecuada en un comportamiento colectivo, y mucho más en cuanto a las implicancias de la medida. La autorización de la disidencia, anula no sólo la presunta radicalidad, sino la misma localización de disidencia, que pasa a integrar el espectro de lo tutelado.
Tras una fachada de más tolerancia, hay más intromisión, mayores posibilidades de control. Quizás una sensibilidad vibró en la persona que se quejó expresando "no somos una X", pero no por la letra, sino porque advertía que entraba en una nueva clasificación, y que la supuesta victoria era pírrica. Algo paradojal que se sabe bien en el ámbito de la guerra: muchas veces, ganar es perder.
